(Cristian Olivera | Para diario Tribuna |06/06/2014) - ¿Porqué aún no sabemos en qué se gastaron los Fondos de Financiamiento
Educativo cuando sabemos que efectivamente fueron transferidos el año pasado
desde la Nación a través de la coparticipación provincial?
Suponiendo que se
hubiesen gastado correctamente, el derecho ciudadano a la información sobre la
gestión es una obligación del gobierno.
En la rendición de
cuentas no aparece discriminado. Los concejales, entonces, deben adivinar qué
gastos se hicieron con esos fondos afectados, sin que medie explicación del
Ejecutivo al respecto, quedando una lógica duda sobre la utilización de los
mismos. No se entiende cuál es el motivo para no someter al conocimiento
público un gasto tan importante.
Estos fondos fueron
creados por la Nación y se coparticipan a los municipios, (no al Consejo
Escolar) con la intención de que sean rápidamente afectados a las finalidades
de educación, ciencia y tecnología. No pueden ser desviados para otra cosa y al
respecto hay varios ejemplos en la provincia, ya que se sabe que varios
municipios no lo utilizaron con el destino previsto, o efectuaron malas praxis
y ello mereció reacciones que han ido desde ordenanzas hasta denuncias penales
a los intendentes, según el caso.
En General Madariaga
la comisión de Hacienda y Presupuesto del HCD realizó un pedido de informe, que
aún no fue respondido, y se presentó un proyecto de ordenanza con el fin de
establecer los criterios de distribución del Fondo y se invierta en los
establecimientos educativos, algo tan necesario cuando hay escuelas con
calderas tan viejas que por momentos dejan sin calefacción a los alumnos, falta
de espacios o chicos que esperan que el estado los apoye con becas y que se
garantice su derecho a la educación.
Lo que resulta
difícil de aceptar es que si los concejales no tienen respuesta a los pedidos
de informe, el ciudadano entonces queda indefenso. El voto no es un permiso sin
condiciones, sino una responsabilidad sobre la que es necesario que se rinda
cuentas, no por un capricho de la oposición sino en relevancia al derecho que
tiene el vecino de conocer en qué se gasta su dinero. En rigor, no deberían
existir inconvenientes si se hicieron las cosas bien, en beneficio de la
inclusión educativa.
Si se hubiesen
utilizado correctamente no se entiende esta reticencia a mostrar el detalle del
gasto. Sabemos que el año pasado llegaron a Madariaga $ 3.602.826 y que este
año el Gobierno municipal ya ha recibido $ 1.676.971, lo que no sabemos es en
qué se han invertido. El derecho a ese conocimiento debería considerarse una
obligación para del Gobierno, ya que de ese dato se desprendería la importancia
o no que se le da a la educación.
En algunos
municipios, estos fondos se desviaron a asfalto, por ejemplo, cuando claramente
no es esa su naturaleza, aunque los alumnos utilicen la calle. Eso no solo pasa
por alto el argumento de la ley sino que también marca la baja prioridad que
esos municipios le dan a los problemas que se derivan directamente de la
infraestructura de los establecimientos educativos. En Madariaga, como en el
resto de las escuelas de la provincia, las cosas no están como para tirar
manteca al techo, precisamente.
La difusión de la
utilización de los fondos públicos está estrechamente relacionada a la calidad
de la democracia, que se verá fortalecida en la medida en que las acciones de
gobierno se trasparenten.
La mayor información
sobre la administración beneficia a todos, especialmente al gobierno porque
mejora la confianza del ciudadano y fortalece la calidad de las instituciones.
El contribuyente
tiene el derecho a conocer en qué se gasta su dinero, por ello, para el
municipio debería constituir un deber someter al conocimiento público la
información relativa a su gestión, porque de allí deriva una mejor percepción
de las prioridades que establecen los funcionarios.
En definitiva, esa
información de gestión, tendría que constituir el mayor argumento electoral, y
una formidable oportunidad para demostrar transparencia.
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