(Cristian Olivera | Para diario Tribuna |23/05/2014) - Es imposible que el imaginario colectivo no atribuya una coherencia a los recientes asaltos a voces opositoras. ¿Habremos llegado a tanto?, nos preguntamos todos. ¿Qué dicen los responsables de instrumentar las políticas que tiendan a solucionar el problema? ¿Qué respuesta ofrecen? Solo se escuchó después de un momento tan crítico para la comunidad un evasivo traslado de culpa desde el Intendente hacia periodistas y opositores, pero ¿y las soluciones? ¿Y el diálogo? ¿Es que algo tan sensible como la inseguridad puede analizarse desde el punto de vista de opositores y los nuestros? ¿Ese traslado de culpas no abona a las suposiciones del imaginario colectivo? ¿Contra quién es la guerra? ¿No era contra los delincuentes? Y de nuevo la misma vieja pregunta: ¿Y las soluciones?
No es tiempo ya de enfrentar a los vecinos, mirarlos cara a cara, entender su sufrimiento y ponerse a la par de ellos para intentar solucionar un problema que ya es demasiado grave como para manejar con liviandad y desde las ya cansadoras divisiones que plantea este gobierno.
Una cosa es cierta, así no se puede vivir.
La inseguridad no llegó por casualidad, es producto de un sistemático deterioro del entramado socioeconómico registrado en los últimos años, que se ha convertido en un generador de marginalidad con delincuentes que por un lado no tienen nada que perder y por otro parecen amparados por leyes que se reforman en su beneficio, o jueces que las interpretan para beneficiarlos, y municipios que no instrumentan buenas políticas preventivas. Hoy está más tiempo demorada la víctima que el victimario.
La reciente creación de la tercera policía, que por ahora solo afectaría a los municipios con más de 70.000 habitantes, produjo una reforma legislativa que impide a los agentes bonaerenses detener a un sospechoso de un posible acto delictivo, que no porta documento y ninguna clase de identificación. Pareciera que, ciertamente, la intención es ayudar al delincuente.
Comenzamos a asistir a un panorama donde los que están fuera de la ley tienen más y mejores recursos que las fuerzas de seguridad, esto debe revertirse por el bien común.
Pero quizá lo que resulte más complejo de asimilar es lo lejos que los ciudadanos se sienten de sus autoridades, que parecen no escuchar los reclamos. Un pedido generalizado en Madariaga es la presencia de vigiladores, que cuando estaban al menos les daban tranquilidad a los vecinos. El gobierno, en cambio, niega haberlos sacado y habla de reacomodamientos que es solo una justificación innecesaria porque uno se asoma a la puerta de su casa y ya no los ve. Lo mismo sucede con las cámaras de seguridad que aseguran que tienen un funcionamiento óptimo, cuando instituciones vecinales están solicitando se revea la ubicación de las mismas.
Pero no solo la prevención es un problema sino las etapas investigativas. Con el establecimiento en General Madariaga de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) se han resuelto muchos casos. ¿No sería conveniente poner el foco ahí y dotar a la institución de los recursos que necesita para crecer en su desempeño? ¿El Intendente habrá solicitado a la provincia más personal y recursos para esa área en la que hoy solo actúan cuatro personas carentes de insumos?
En ese aspecto hace ya dos años se aprobó en la provincia de Buenos Aires la ley que creaba la Policía Judicial, un cuerpo de investigadores que dependería jerárquicamente de la Procuración General bonaerense y sería de "naturaleza civil, no militarizada", aunque podría "establecer relaciones institucionales de cooperación y coordinación con las policías y demás fuerzas de seguridad y de investigación". Este cuerpo estaba pensado para actuar por solicitud de los fiscales en aquellos casos que la complejidad lo ameritara.
Esa ley, que habría sido un apoyo en la estructura del Poder Judicial, nunca se reglamentó.
Y luego está el problema de los jueces que muchas veces parecen inclinar sus decisiones para beneficiar a quienes han cometido delitos. No es casual que el símbolo de la Justicia sea una balanza. Son los jueces los que pueden inclinarla para un lado o para otro. Hacia adelante es necesario que se analice la manera en que se eligen los jueces y fiscales, donde un Concejo de la Magistratura con una fuerte impronta política es el que define las ternas para ocupar los cargos en el poder judicial provincial, y así muchas veces no son elegidos los hombres y mujeres del derecho con la mejor trayectoria y antecedentes sino los que mejor responden al poder de turno.
Estos últimos puntos no son resorte del Intendente, pero es su obligación canalizar los pedidos ciudadanos y como Jefe Comunal tiene los recursos para acceder tanto a los magistrados como al Gobernador mismo o a sus ministros. En rigor, es un paso importante la expresión de intención de Cristian Popovich de llevar al cuestionado juez Gastón Giles a un Jury de enjuiciamiento, esperemos que se efectivice aunque esta vez parece fuerte la decisión y acompañada por otros intendentes. Lamentablemente la respuesta llega en medio de la visita de un diputado mediático y no ante la reiterada solicitud de los vecinos, que siguen esperando un encuentro que no llega o al menos el diálogo.
Hace unos días una institución muy ligada a la seguridad como son los Vecinos Madariaguenses advertía que “ya tenemos todas las modalidades de las grandes ciudades en hechos delictivos en Madariaga, robos con armas, robos sin armas, amenazas, ingresos destruyendo puertas y ventanas, arrebatos en motos etc.”. Horas después había que añadir un herido con particular saña, curiosamente opositor, en un robo a plena luz del día, con total impunidad.
¿Qué tendremos que agregar mañana?
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