(Cristian Olivera | Para diario Tribuna | 11/07/2014) - La reciente denuncia penal de los concejales
del Frente Renovador al intendente Popovich por presunto incumplimiento en los
deberes de funcionario público con relación al caso de adulteración de un expediente
del ejecutivo, es tal vez el único viso de seriedad en un problema que produjo
un delicado momento de tensión institucional. Mucho se dijo desde que “el
ladrón ve a los demás de su condición” hasta que el “Cuerpo de Concejales está
integrado por estafadores”. Probablemente se termina por donde debería haber
comenzado, porque si es verdad que el Intendente detectó la falsificación de un
documento público al recibirlo tras haberlo enviado al HCD, debió realizar la
denuncia penal correspondiente en lugar de salir a los medios. Conociendo un
delito está obligado por ley a recurrir a la justicia, de no hacerlo, incumple
en su deber.
Sin embargo, tal acierto visto en el cúmulo de sucesos aparece como un
hecho más, incluso deslucido ante tantas amenazas de denuncias, tantos gritos,
tantas palabras ofensivas derrochadas en detrimento del otro, que solo colocaron
sobre la mesa lo que la sociedad no quería: la pelea como resultado de la
divergencia.
Hacen bien los concejales, van a la justicia y fundamentan su pedido. Si
esto se hubiese hecho meses atrás se habrían ahorrado muchos momentos
complicados.
En este punto cabe preguntarnos si los ediles que aprobaron el artículo 7
del decreto que declara “la responsabilidad del Concejal Carlos Esteban
Santoro, por los hechos graves que dan cuenta los cargos acreditados por:
Adulteración de Documento Público…” no estaban incurriendo en la misma falta
hasta estas últimas presentaciones en la justicia. A raíz de esto el bloque del
FpV se presentó en la Fiscalía.
Entonces es admisible también preguntarnos qué rol debe cumplir la
oposición y si lo está cumpliendo.
Los opositores que tienen escaños están dotados de una obligación extra
porque también en ellos el poder que les otorga el cargo les impone un
ejercicio de responsabilidad. La impunidad de un gobierno también es
consecuencia de una oposición anodina que no pudo o no supo instituirse como un
organismo de control.
Está claro que la sociedad está cansada de confrontación, nadie pediría
una oposición que confronte, todo lo contrario; pero sí una que sepa plantear
las divergencias con fundamentos claros porque en ese planteo está el
merecimiento o no del voto. No se trata
de decir que todo lo que el gobierno hace está mal, sino de mostrar con toda
claridad cuáles son los puntos en los que no se está de acuerdo y explicar qué
caminos se recorrería para resolverlos. Si en aras de no disentir se
resuelve no proponer, se comete un error casi tan trágico como el planteo de lo
que diverge realizado desde los insultos y las descalificaciones. Es cuando no
se tiene fundamentos que se recurre a la violencia, sea verbal o física.
Es necesario que todos conozcamos las políticas que implementarían los
que desean conducirnos, en caso de acceder a los cargos aspirados.
Y este es un punto neurálgico en la coyuntura. Deben plantear con total
claridad las cosas que harían distinto. La sociedad está cansada de la
discusión, pero aún admite la divergencia y más aún, la exige, porque no
coincide ni con las prácticas corruptas, ni con el autoritarismo, ni con las
malas administraciones, ni con el equivocado manejo de las prioridades, ni con
la falta de diálogo, ni mucho menos con la descalificación y las peleas. Es
hasta indecoroso no disentir ante tales cosas. Encontrar el fundamento para expresar prolija y claramente el disenso
es la clave y también una exigencia para opositores que aspiren a representar a
los ciudadanos.
Por eso, el llamado a la justicia para resolver un grave problema
institucional es tal vez el único momento de lucidez que tuvo la misma
oposición que no supo detener la impunidad con que el Gobierno municipal se
manejó durante estos tres años ni detectar las fallas en el ejercicio de la
función. Un gobierno que amenazó en los
medios con denunciar un delito, y terminó denunciado por no denunciarlo.
El electorado está esperando que quienes vienen a tomar el lugar de una
administración que está sufriendo una acelerada descomposición de poder,
encuentren la claridad a la hora de expresar qué es aquello que se debe cambiar
y cómo lo harían si les toca gobernar. Es su deuda pendiente, la inevitable
rendición de cuentas que deben dar antes del 2015.
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