(Cristian Olivera | Para diario
Tribuna | 21/03/2014) - Días agitados se vivieron desde que el Concejo Deliberante
desató un alud mediático de acusaciones de uno y otro lado que no hicieron sino
confundir a la población e incluso a los medios.
Por un lado el Presidente del HCD acusaba al Intendente de haber cambiado
la ordenanza de presupuesto que el Concejo había votado, porque, según Santoro,
en la sesión se aprobó una reforma que les permitiría nombrar asesores. Desde
el bloque del PJ, argumentaban que tal reforma jamás se votó.
Finalmente, el contador del Tribunal de Cuentas determinó que hubo un
“exceso de voluntarismo” por parte del Presidente del Concejo Deliberante,
poniendo un poco de claridad sobre la parte equivocada.
En el medio ocurrió de todo, desde exabruptos verbales de ambos lados
hasta acusaciones de adulteración de documentos públicos, que por la gravedad
que el hecho reviste, si fuese cierto, debería ser tratado con la seriedad que
corresponde. Todo este enredo solo sirvió para que se desvíe la discusión del
tema principal que es el de agregar personal y asesores al Concejo Deliberante.
Es una cuestión delicada sobre la que me pregunto si los mismos concejales que
decidieron continuar en los medios un asunto que debió resolverse en el seno
del HCD y en la comisión correspondiente, logran entrever la consecuencia a
futuro de una norma mal sancionada.
¿Asesores o asesorías?
En principio, desde afuera y a pesar de la enredada información que
circula, la incorporación de asesores para los concejales que pretende la
oposición, no es la manera como democráticamente se decidió estuviera
constituido dicho Concejo. El voto popular faculta a doce personas en los que
lega la representación de las mayorías y de las minorías. Solo a ellos les
corresponde legislar, controlar y tomar decisiones. A nadie más. Entonces ¿por
qué involucrar a otros? ¿Por qué pagarles a otros? Distinto es si se habla de
asesoramientos, que deberían ocurrir en temas puntuales, que por la necesidad
de una opinión especializada requieran la consulta de profesionales. Tal vez
consultores sería un término más específico y claro.
Si éste último fuera el caso, y creo que lo es, debería normarse sobre la
base de un consenso que contemplara la visión de todas las minorías, con la
presentación de un escrito donde se pautara claramente en qué casos el concejo
requerirá de una consultoría externa, quienes, cuando y como funcionaría este
procedimiento.
Se legisla para el futuro
Uno de los argumentos opositores era que el Ejecutivo pretendía evitar que
se lo examinara. Si esto fuera así entonces estos asesores tendrán un sesgo
opositor. ¿Qué ocurrirá el año que viene si tras las elecciones cambia la
relación de fuerzas? La misma norma que hoy está bien, ¿estará mal si los
opositores se transforman en oficialismo y viceversa?
Este punto es crucial a la hora de resolver la legislación, en el caso de
que decidan finalmente contratar asesores o consultores. Es decir, darle forma
a una ordenanza que no sea parcial sino que busque un mejor marco para el
desempeño de los concejales, de uno u otro bloque.
Y reglamentarlo a conciencia y con claridad para evitar interpretaciones
especulativas, y procurar una norma que contribuya a la eficacia del Cuerpo
Legislativo. Esta parcialidad que se trasluce en el fundamento de la ordenanza
en cuestión, es no mínima sino exactamente lo que se le cuestiona al
oficialismo actual.
La potestad del HCD
A la hora de evaluar los fundamentos surgen preguntas dado que hay muchos
temas sin resolver y éste Concejo Deliberante debería dar muestras de avanzar
hacia las soluciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la planta depuradora espejo?
¿Es buen lugar en medio de un barrio para los efluvios cloacales? Ya que
todavía no se llevó a cabo es buen momento para retomar ese planteo. ¿En qué se
invirtieron el último año los fondos de medioambiente que llegan desde Pinamar
por permitirles depositar la basura en nuestra tierra? ¿Y la zonificación de
Madariaga? ¿Y los terrenos del ferrocarril? ¿Y la acción puntual en temas
concretos? Por ejemplo el HCD tiene potestad para proteger a los ciudadanos y
custodiar los espacios públicos. Cuando se incumplen legislaciones puede
notificar y en caso de no tener respuesta iniciar acciones legales si está en
riesgo la población sea por acción privada o del gobierno. Está obligado a
hacerlo en caso de tener conocimiento. Por ejemplo una tapa de cloaca rota o la
falta de luz en un acceso muy transitado o una obra de cualquier índole que
haga peligrar a los ciudadanos.
Las discusiones estériles dejan al HCD en una posición que lo degrada, en
la que parece que han olvidado estos temas que están en la agenda de los
madariaguenses porque los afectan directamente. Incluso se dicen cosas que si
fueran verdad serían para llevar a juicio político a los responsables y luego
vemos que quedan ahí, como parte de un espectáculo mediático que sería
divertido si los actores fueran simples ciudadanos, pero resulta que son los
custodios del Estado de Derecho. Nada menos.
No es un reality show
Está claro que cada norma debe discutirse, y mucho en algunos casos. Pero
los medios no son el ámbito de discusión, por algo el HCD está dividido en
comisiones y a su vez, en casos excepcionales, están las sesiones para el
argumento definitivo. Tampoco la sesión debe convertirse en un apéndice de las
comisiones, como ha pasado, pero mucho menos los medios. Esto de nuevo lo
coloca en una posición tan banal que da miedo cuando se mira al futuro y hay
tantas ordenanzas tan importantes para la comunidad aún sin resolver. Si le
cuestionamos esto al Ejecutivo, con más fuerza debemos hacerlo al Legislativo porque
es el órgano de control. Es el que debe evitar que esto ocurra.
Tres poderes sostienen el Estado de Derecho y son la columna vertebral de
nuestro sistema republicano, del primero al último en toda su escala. Todos son
importantes. Los actos administrativos del Concejo Deliberante no pueden ser
arbitrarios. Desde la ley máxima de la nación que es la Constitución hasta la
ordenanza del pueblo más pequeño deben conservar y promulgar el mismo espíritu,
que es poner un equilibrio entre las libertades. Eso le corresponde a la norma:
determinar dónde la libertad de uno comienza a afectar la libertad de otro y
tratar de armonizarlo. El Concejo Deliberante no es un órgano ni más débil ni
menos potente que el Departamento Ejecutivo, en él tienen representación
directa tanto las minorías como las mayorías, justamente para proteger ese
equilibrio. Uno es tan importante como el otro.
Tal vez es hora de comenzar a asumir tamaña responsabilidad y de obrar
con la prudencia que requiere la sanción de las normas que guían a la
comunidad.
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