(Cristian Olivera | Para diario Tribuna |16/05/2014) - El enorme reto que tendrá que enfrentar el próximo intendente es volver a organizar la planta administrativa del municipio y recuperar la seriedad de las instituciones que dependen de él. Según un relevamiento de la revista La Tecla de fines del año pasado, fácilmente constatable en las ordenanzas, con una planta de 707 personas, nuestro municipio contabiliza un total de un empleado por cada 32 habitantes. Un índice que se acerca peligrosamente al de algunos municipios vecinos en los que se manifiesta un verdadero problema, como Ayacucho que con 986 empleados reúne un promedio de un trabajador cada 20 habitantes.
El problema es aún incipiente y no sería tal si el patrimonio del municipio permitiera erogaciones salariales que posibilitaran sueldos adecuados para el desenvolvimiento de los empleados, lejos en el caso de Madariaga, no solo de cubrir las necesidades sino del mínimo vital y móvil. Pero el problema es mayor porque con cada nuevo contrato mal efectuado disminuye las posibilidades del próximo intendente para mejorarles el sueldo a los empleados, y es un impedimento a la hora de equilibrar las cuentas que indefectiblemente se verán aún más comprometidas con el crecimiento de la inflación y los efectos devaluatorios de la moneda. Además, si el personal no es tomado en función de una necesidad real en la optimización de las áreas, el efecto es inverso y en vez de mejorar se entorpece.
No es solo un problema local sino nacional. Estimaciones de empleo indican que el 50 % de los argentinos vive del estado, en esto se incluyen jubilados, docentes, planes sociales, etc.
El problema está ahí, y es necesario frenarlo antes de que se agrave la situación patrimonial ya difícil del municipio. Es algo real que durante todos estos años la oposición nunca lo planteó, ni ofreció respuestas.
En el Concejo, los ediles tienen la posibilidad y la responsabilidad de trabajar en un marco normativo que lo regule.
Advirtiendo la dificultad, otros municipios ya han comenzado. Una norma interesante, por ejemplo, limita las atribuciones del Intendente para nombrar personal, salvo en el caso de que se requiera la contratación o concurso de personal, donde el mismo debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. La misma norma autoriza los contratos de personal eventual o por períodos limitados y con objetos específicos necesarios para la realización, entre otras, de actividades culturales, deportivas, técnicas, que demanden la contratación de servicios personales externos con los cuales no cuenta el Municipio. En esa ordenanza se limita también el nombramiento del personal para la planta permanente.
Hay otras que simplemente congelan las atribuciones del Intendente, cada una sancionada en función de la gravedad del problema en los respectivos municipios y atendiendo los límites que impone la Ley Orgánica de la Municipalidades y el Estatuto para el Personal de las Municipalidades, que en el caso de la provincia de Buenos Aires determinan las atribuciones del Intendente para contratar personal pero no especifican la cantidad según los habitantes, como sucede en algunas provincias. Dada la autonomía de los municipios, se podría legislar en lo local sobre ese vacío jurídico.
Una forma correcta para que un poder no avance sobre el otro, podría ser establecer un período de emergencia mientras dure la situación irregular, en este caso la dificultad del municipio para igualar el salario básico con el mínimo vital y móvil, por ejemplo, y actuar en consecuencia.
La cuestión no es impedir la contratación de personal, sino, en un momento en que las cuentas comienzan a desequilibrarse, imponer mecanismos de contralor que incluyan al Cuerpo Deliberativo e impidan el negocio político y la arbitrariedad en el momento de realizar un contrato, para lograr que esto se produzca en función de una necesidad real del municipio, que será cubierta por el aspirante que manifieste la mejor capacidad y al que se le pueda pagar un buen sueldo.
Solo hay una cosa peor para una persona pobre que no llegar a fin de mes, y es no llegar a los primeros días del mes, cuando el sueldo se termina enseguida por cuentas e impuestos y luego a penar con el hambre de los chicos que es la suma de todos los miedos. Eso está pasando ya, la pobreza crece en proporción a la ya innegable inflación. Cada mal gasto del municipio representará para el próximo intendente una posibilidad menos de socorrer a esas familias. La responsabilidad no puede tener color político, si alguien piensa que puede ocupar ese lugar, no puede jugar con el futuro de todos. El momento es ahora. Se deben proteger las arcas de la comuna.
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